En el Tribunal Electoral nos preocupamos por contar con una administración capaz de proveer de los recursos y servicios indispensables y responder de la mejor manera a las necesidades que se presenten en la labor de cada día, a fin de que se lleve a cabo la impartición de justicia sin ningún tipo de obstáculos o contratiempos, de forma transparente para la ciudadanía.
Conscientes del problema que plantea la corrupción en México y que ello permea en la confianza a las instituciones públicas principalmente, más allá del cumplimiento de la ley, en este TEPJF trabajamos para contribuir proactivamente en la lucha contra dicha problemática y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía sobre nuestro actuar y el debido ejercicio de los recursos públicos conferidos.
Sabemos que es importante contar con autoridades fiscalizadoras sólidas a fin de fortalecer y articular nuestra política en la materia de corrupción y rendición de cuentas, por lo que además de ejecutar constantemente trabajamos en la construcción de mecanismos de fiscalización y sistemas de gestión, que vayan haciendo un cambio en la cultura organizacional en temas como: transparencia, honestidad y cumplimiento.
Una de los principales objetivos de la reciente reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, fue la determinación de que, a fin de que prevaleciera la objetividad, independencia e imparcialidad en el combate a la corrupción, debían existir tres tipos de autoridades para la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y particulares involucrados, a fin de atender de maneja eficaz y objetiva el problema que tanto lastima a nuestro país.
Acorde con ello, el TEPJF en diciembre de 2017, reformó su Reglamento Interno a fin de dar origen a la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. A partir de su creación, la Dirección General de Responsabilidades Administrativa cumple de una de las funciones más importante del esquema como el órgano encargado de la investigación y determinación de la existencia o no de elementos suficientes para presumir que existen una falta administrativa, por lo que deberá realizar una investigación exhaustiva, sólida y suficiente. La determinación de este órgano se concreta en el “Informe de Presunta Responsabilidad” que emite, para que en el momento procesal oportuno, las autoridades sustanciadora y resolutora respectivamente, determinen la responsabilidad e impongan la sanción correspondiente. Una vez en funciones, la DGIRA ha conocido de 22 asuntos conforme a lo siguiente.
La Visitaduría Judicial es un órgano que se encarga de inspeccionar el funcionamiento jurisdiccional de las Salas Regionales y el desempeño de sus servidores públicos. De encontrar alguna regularidad en estas funciones, la Visitaduría Judicial dará inició al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente para que, en su caso, se sancione la falta conforme a las leyes y demás instrumentos en la materia.
La Contraloría es un órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia administrativa, a través de la realización de auditorías y revisiones. De encontrar alguna regularidad en esta materia, la Contraloría se encargará de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente para que, en su caso, se sancione la falta.
Actualmente, dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el combate a la corrupción es un eje central de la administración pública, por lo que en aras de contribuir proactivamente en la lucha contra esta actividad, las Magistradas y los Magistrados de esta Sala Superior han llevado a cabo acciones para fortalecer el proceso de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, alineándolo a lo que establece la Norma ISO 37001.
La Norma refleja buenas prácticas internacionales y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar la gestión sistemática contra el soborno. Como un paso importante en la materia, se ha implementado un buzón para denunciar una probable conducta de soborno o corrupción, una política de difusión, así como un micrositio en la página de internet que albergará toda la información relacionada con esta materia, entre otros.